La noticia no era si Venezuela pagaría o no su deuda, sino a quién pagaría. El Gobierno de Nicolás Maduro cancelará 3.000 millones de dólares correspondientes a los bonos de la petrolera estatal PDVSA de 2014, que vencen hoy, según anunció el viernes el ministro de Finanzas, general de brigada Rodolfo Marco Torres, cuando presentó el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional. Caracas opta así por pagar lo que le adeuda a los tenedores de bonos y postergar indefinidamente los compromisos con el sector privado venezolano.
El Gobierno ha convertido una operación de rutina, como es el pago al vencimiento de la deuda externa, en una respuesta a sus adversarios políticos. A principios de octubre, cuando Caracas debía cancelar el primer tramo de 1.561 millones correspondientes al bono soberano de 2014, varios analistas se preguntaban si cumpliría en virtud del gigantesco monto pendiente de cancelar a las empresas locales, de unos 21.200 millones de dólares hasta finales de septiembre, según las estimaciones del economista Asdrúbal Oliveros.
Después de cumplir, el Ministerio de Finanzas decidió enviar una inédita nota de prensa que lució como un ajuste de cuentas con quienes vaticinaban una moratoria en los días previos. “Con este paso, siempre previsto, se desmonta la campaña que los voceros y medios de los capitales financieros internacionales llevaron a cabo con la pretensión de dañar la imagen de la República y la integridad del pueblo con fines económicos y políticos perversos”, señalaba el comunicado.
Era una contestación al polémico artículo ¿Hará default Venezuela? escrito por los economistas venezolanos Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos y que tuvo un gran impacto en los mercados internacionales. Los autores criticaban la decisión de Maduro de retrasar la cancelación de deudas al sector privado mientras cumplía con puntualidad suiza con Wall Street. “Esto no debe ser interpretado como una señal de rectitud moral. Es más bien una muestra de su decadencia moral”, afirmaban.
La deuda con los particulares se origina en la imposibilidad de las compañías de repatriar ganancias a sus casas matrices debido al control de cambios vigente en este país desde 2003. En esa suma destacan sobre el resto los 3.500 millones que no han repatriado las transnacionales farmacéuticas y proveedores de servicios médico-quirúrgicos; 4.200 millones de dólares adeudados a las industrias de los alimentos y 3.700 millones que no se le han cancelado a las aerolíneas extranjeras. Como consecuencia del impago, hoy en día aterrizan la mitad de los vuelos internacionales que venían a Venezuela en 2013.
El ministro Torres dijo a El Universal que dispondrían de dinero procedente del flujo de caja de la estatal Petróleos de Venezuela para cancelar el vencimiento del PDVSA 2014, aunque en realidad será mucho menos de los 3.000 millones previstos cuando emitieron la deuda el 28 de octubre de 2009.
El Gobierno ha mandado el siguiente mensaje: no va a tocar las disminuidas reservas internacionales —que el viernes subieron a 20.878 millones de dólares, según el Banco Central— y está muy lejos de incurrir en el impago de sus obligaciones con tenedores de bonos. Seguirá también la política de tapar goteras mientras no haya una reforma de fondo de la economía local. Oliveros calcula que si el barril de petróleo se establece en 80 dólares y Maduro no toma medidas como el aumento de la gasolina o una devaluación, Venezuela sufrirá una reducción de sus ingresos de unos 9.000 millones de dólares, un varapalo para un país que ingresa 96 de cada 100 dólares a sus arcas por la venta de petróleo.
Un default de deuda externa sería la última opción de Caracas por las consecuencias que esa decisión tendría. Dice Oliveros que el gobierno de Maduro no podría hacer selectiva esa moratoria y podría traer un problema para colocar su crudo en el exterior. “Es menos costoso políticamente la acreencia con el sector privado”, agrega.
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